En la ONU se habla mucho en nombre de los pueblos. Hoy quiero que nos detengamos en el lugar que esos pueblos ocupan dentro de lo que sus gobiernos están proponiendo. Porque prometer elecciones, atraer inversiones o reclamar seguridad abre una conversación que merece ir un poco más allá: quién podrá participar, quién recibirá los beneficios y quién tendrá capacidad para exigir responsabilidades.
La segunda jornada del debate general nos dejó versiones muy distintas de una misma aspiración: recuperar el control. Sobre el territorio, la economía, la tecnología o los recursos naturales. Y aquí es donde la palabra soberanía empieza a necesitar letra pequeña.
En este brief vamos a recorrer los discursos de Siria, Irán, Argentina, Ecuador, Venezuela, España y la República Democrática del Congo para entender desde dónde habla cada gobierno y qué puede hacer realmente con lo que promete. Me interesa que terminemos esta lectura con algo más que una impresión sobre los líderes, con mejores preguntas para evaluar sus decisiones cuando las cámaras abandonen Nueva York.
La clave política: detrás de una palabra compartida —soberanía—, la segunda jornada del debate general dejó proyectos muy distintos: atraer capital, obtener reconocimiento, defenderse de una intervención o recuperar el control de los recursos. Lo importante es qué garantías ofrece cada gobierno y quién podrá exigir que las cumpla.
Hoy les propongo leer los discursos desde ahí. No basta con identificar quién defiende el multilateralismo y quién lo impugna. Conviene mirar qué está dispuesto a negociar cada líder, qué pretende conservar fuera de discusión y qué cambia, después del aplauso, para su población.
Las siete intervenciones seleccionadas se pronunciaron el 23 de septiembre, hora local de Nueva York. El análisis contrasta el registro íntegro de la jornada en la ONU con textos gubernamentales y periodismo. Las transcripciones automáticas de Naciones Unidas ayudan a seguir el contenido, pero no son actas oficiales revisadas.
Venezuela: normalizar relaciones no equivale a democratizar el poder
La presidenta interina Delcy Rodríguez llegó al podio con una promesa importante y una ausencia igualmente importante: habrá elecciones, pero no anunció cuándo. Ofreció reformas judiciales, participación de las fuerzas políticas y seguridad jurídica para ciudadanos e inversores. También defendió a Venezuela como proveedor energético y agradeció a Donald Trump el acercamiento bilateral.
Rodríguez procede del núcleo del PSUV, el partido del chavismo, de identidad socialista y fuerte centralización estatal. Su trayectoria dentro del aparato importa más para entender este momento que imaginar una conversión ideológica: una dirigente formada en ese sistema está ofreciendo apertura económica y interlocución con Washington.
El contexto obliga a escuchar con cautela. Rodríguez ejerce interinamente desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. María Corina Machado continúa inhabilitada y excluida de las conversaciones. Marco Rubio informó el miércoles de que Trump y Rodríguez abordaron la reestructuración de deuda en su encuentro del martes; eso no significa que exista un acuerdo financiero cerrado.
Aquí está la diferencia que no quisiera que perdiéramos: reconocer a un interlocutor facilita contratos y negociaciones; no garantiza competencia política. La promesa electoral será evaluable cuando tenga calendario, condiciones para participar y un árbitro creíble. Para España y América Latina, acompañar la normalización sin exigir esas garantías supondría aceptar que la estabilidad de los negocios avance más rápido que los derechos ciudadanos.