Cuando el sueño americano y el sueño europeo dejan de ser ideales.
El derecho a tener derechos.
— Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo
Durante años, el sueño americano y el sueño europeo parecieron dos maneras distintas de imaginar una vida mejor. El primero prometía que, con trabajo y determinación, una persona podía cambiar su destino. El segundo ofrecía otra clase de promesa: que la vida no dependería por completo del dinero, del mercado o de la suerte de haber nacido en el lugar adecuado. Protección social, derechos, instituciones capaces de poner límites al poder. Para algunas personas, Europa no era perfecta; era, sencillamente, una posibilidad. Aunque tengo que decir que el sueño europeo no fue tan “mercadeable” ni tan popular… quizá porque la austeridad europea no es tan atractiva como el consumismo estadounidense.
Pero hoy me inquieta mucho lo que acaba de anunciarse. Austria, Alemania, Grecia, Países Bajos y Dinamarca han iniciado negociaciones con Ruanda para establecer allí un centro de retorno al que podrían trasladar a personas con una orden firme de expulsión. Los gobiernos lo presentan como un proyecto piloto y esperan que pueda empezar a funcionar en 2027. Aún no existe un centro operativo ni está cerrado el acuerdo definitivo. Pero la decisión política ya se ha anunciado: trasladar fuera de la Unión Europea a personas que, según la clasificación de esos gobiernos, ya no tienen derecho a permanecer en su territorio.
Sé que llamar a esto «campo de deportación» tiene una carga que el nombre oficial —«centro de retorno»— intenta evitar. El plan se describe como un alojamiento abierto y temporal; no es preciso presentarlo como una prisión ya construida. Pero tampoco creo que la discusión pueda resolverse aceptando sin más el vocabulario administrativo. Un centro puede ser abierto y, aun así, formar parte de una política de expulsión. Una persona puede no estar detenida y, sin embargo, encontrarse lejos de su casa, de su entorno y de la comunidad política que decidió sobre su futuro. El nombre no borra la pregunta que hay debajo: ¿qué responsabilidad conserva Europa cuando envía a alguien a un país con el que esa persona no tiene vínculo?
Me llama la atención que ni siquiera haya una forma compartida de nombrar a quienes serían trasladados. En el comunicado danés aparece «migración ilegal»; desde el lado alemán se habla de personas «sin derecho a permanecer»; el lenguaje del parlamento europeo suele preferir «migración irregular». No son expresiones equivalentes. La Comisión Europea advierte que conviene evitar «ilegal» porque puede asociar a las personas con la criminalidad: estar en un país sin la documentación necesaria suele constituir una infracción administrativa, no un delito penal. Las palabras no son un detalle decorativo. Pueden describir una situación jurídica, pero también sugerir qué debemos sentir ante quien la vive.
Para quienes no lo saben, la definición correcta es migración irregular, así que la Comisión Europea es la que ha usado el vocabulario correcto.
Y aquí aparece algo que me resulta todavía más controversial: las corrientes ideológicas de los gobiernos que respaldan la iniciativa. No estamos ante una fotografía homogénea. Austria está gobernada por una coalición de democristianos, socialdemócratas y liberales; Alemania, por democristianos y socialdemócratas; Dinamarca, por una coalición encabezada por los socialdemócratas; Países Bajos, por una coalición con liberales sociales, liberales y democristianos. Grecia está gobernada por Nueva Democracia, de orientación conservadora. Hay diferencias profundas entre estos países y partidos, pero cinco gobiernos distintos han convergido en una misma dirección. Para ilustrártelo mejor, lo que me parece insólito es que los partidos que conforman estas coaliciones son corrientes de centro-izquierda, centro-derecha y centro, cuando deberíamos haber esperado esto de un gobierno conservador o ultranacionalista.
Mette Frederiksen, socialdemócrata, está entre quienes defienden el proyecto. ¿Cuándo pensamos que veríamos a una socialdemócrata respaldar una política así? Quizá la pregunta revela también nuestras expectativas: durante mucho tiempo asociamos la socialdemocracia con la protección de quienes tienen menos poder frente a las instituciones, y con la convicción de que la dignidad no debería depender del origen o de los recursos de una persona. Pero la etiqueta no impide que un gobierno socialdemócrata adopte medidas restrictivas. A veces, la tradición política sobrevive en el nombre mientras el centro de gravedad de sus decisiones se desplaza.
Eso no significa que una corriente ideológica haya dejado de importar ni que todos los partidos sean iguales. Significa que sus principios ya no bastan para anticipar lo que harán cuando la migración se convierte en una prueba de autoridad, de control y de popularidad. Los partidos pueden seguir defendiendo ideas diferentes sobre el Estado de bienestar, la economía o los derechos sociales y, al mismo tiempo, encontrarse en una misma política fronteriza. La frontera se vuelve el lugar donde las diferencias internas se negocian y, con frecuencia, se aplazan.
Por eso me decepciona especialmente la participación de Países Bajos. El gobierno lo encabeza D66, un partido de corte liberal-social, dentro de una coalición que incluye también al VVD y al CDA. No espero que un gobierno con esta corriente ideológica coincida conmigo en cada decisión, ni creo que esas etiquetas deban funcionar como certificados de virtud. Pero sí espero que la defensa de las libertades y de una política humanista tenga consecuencias cuando se diseñan políticas concretas. Si se puede apelar al liberalismo social en casa y aceptar que la gestión de personas se externalice fuera de las fronteras europeas, entonces tengo que preguntarme qué estaba significando esa etiqueta en primer lugar para alguien que quizá la usó solo con fines publicitarios.
Quizá por eso la noticia me obliga a pensar en las líneas entre ideología y acción política. Esas líneas no desaparecen de un día para otro: se vuelven porosas cuando el miedo electoral, la presión sobre los servicios públicos y la promesa de «recuperar el control» empiezan a ordenar la agenda de todos. La ultraderecha lleva tiempo presentando la migración como una amenaza para la seguridad y la identidad. Cuando partidos de centro y centroizquierda adoptan partes de ese marco para demostrar firmeza, no solo cambian una medida, también contribuyen a decidir cuál será la pregunta aceptada por la conversación pública.
La pregunta deja de ser cómo garantizar procedimientos justos, cómo proteger a quienes necesitan asilo o cómo hacer que la integración funcione. Se convierte en cuántas personas podemos expulsar, a qué distancia podemos hacerlo y qué gobierno está dispuesto a recibirlas. No estoy diciendo que los Estados no deban aplicar sus leyes de inmigración, ni que toda orden de retorno sea injusta. Estoy diciendo que el modo de ejecutarla también habla de nosotros y que una decisión puede ajustarse al lenguaje de la legalidad sin responder todavía a la pregunta moral que la acompaña.
Ruanda aparece en el anuncio como un «país socio», dispuesto a ofrecer una solución. Pero no es un escenario neutral. Human Rights Watch ha documentado la represión de la oposición y restricciones a las libertades dentro del país, y ha vinculado el apoyo militar ruandés al M23 con abusos graves en el este de la República Democrática del Congo. No necesito convertir un conflicto complejo en una sola palabra —ni llamarlo «genocidio» para que el señalamiento tenga peso— para ver la contradicción: Europa quiere enviar personas a un país cuyo gobierno también es cuestionado por su historial de derechos humanos, dentro y fuera de sus fronteras.
También conviene ser precisos con el dinero.
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