No basta con apelar al derecho e invocar nuestros valores […]. Nuestro deber es la acción.
Emmanuel Macron, en la Asamblea General de la ONU, el 22 de septiembre de 2026.
Ayer, escuchando el primer día del debate general de Naciones Unidas, pensé en lo difícil que se ha vuelto hablar de paz sin que alguien lo interprete como una confesión de debilidad. Hay algo desolador en ese desplazamiento… empezar a sospechar de la voluntad de convivir, como si fuera una ingenuidad que la historia ya no pudiera permitirse.
Trump llevó a la tribuna un discurso confrontativo, reivindicó la superioridad militar estadounidense y su disposición a utilizarla para proteger sus intereses. Después escuché a Macron denunciar el regreso del imperialismo y reclamar que la defensa de los principios se traduzca en capacidad de acción. Fue entonces cuando pensé: llegó la hora de los pragmáticos.
Me refiero a quienes entienden cuánto cuesta preservar aquello que dicen defender. A quienes pueden sentarse a negociar sin entregar de antemano su capacidad de decidir. A quienes comprenden que sostener un proyecto de convivencia exige recursos, alianzas duraderas, límites y disposición a asumir costes.
También exige una pregunta incómoda: ¿qué estamos preparados para hacer cuando alguien decide que nuestras reglas han dejado de importarle?
El hard power está imponiendo el ritmo de esta época. La capacidad de coaccionar, militar o económicamente, ocupa cada vez más espacio en nuestra conversación sobre el mundo. Y cuando una amenaza logra más atención que una propuesta, aprendemos que intimidar puede ser una forma rentable de hacerse escuchar.
El soft power opera de otra manera: mediante la atracción, la credibilidad y la capacidad de conseguir que otros quieran acompañarte. Joseph Nye nos ayudó a entender esa dimensión del poder. Su valor sigue ahí, aunque resulte menos visible entre amenazas y despliegues militares. Por eso, creo que admirar una sociedad, confiar en sus instituciones o desear colaborar con ella también modifica decisiones.
Precisamente por esta razón me interesa lo que ocurre cuando ambos poderes dejan de sostenerse mutuamente. Un país puede provocar miedo y, al mismo tiempo, destruir la confianza que necesitará para construir acuerdos duraderos. Puede ganar obediencia inmediata y perder socios. Puede demostrar que tiene capacidad para imponer una decisión y descubrir después que carece de legitimidad para sostenerla.
Pero también existe el problema inverso: una autoridad moral que nadie teme contrariar porque sabe que hacerlo tendrá escasas consecuencias. Ahí aparece la incomodidad europea. ¿Cuánto vale nuestra defensa de la autonomía si decisiones esenciales sobre nuestra seguridad, nuestra energía o nuestra tecnología dependen de voluntades que no controlamos? La autonomía se construye, se financia y se negocia y también requiere aceptar responsabilidades que durante mucho tiempo hemos preferido aplazar.
Lo que me interesó del discurso de Macron fue su insistencia en pasar a la acción mediante coaliciones y en rechazar la resignación ante los abusos de poder. Esa exigencia también debe aplicarse a Francia. La elegancia de una intervención se mide, después, contra las decisiones de quien la pronuncia. Y es en esa distancia donde conviene mantener la mirada.
Porque el pragmatismo puede convertirse en una palabra muy cómoda. Bajo su apariencia de sensatez caben acuerdos necesarios, pero también abandonos vergonzosos. Invocarlo para aceptar cualquier atropello equivale a concederle al más fuerte la facultad de definir lo razonable.
Me interesa un pragmatismo que pueda explicar a quién protege, qué evita y qué precio está dispuesto a pagar.
Pensemos en una negociación territorial. Sobre una mesa puede haber mapas, garantías, corredores y porcentajes. Para quienes viven allí hay una casa, una lengua, el cementerio donde están sus padres, la escuela de sus hijos. Redibujar una frontera significa decidir sobre vidas que rara vez tienen asiento en la sala donde se negocia su futuro.
La guerra de Rusia contra Ucrania hace tangible este dilema. Defender la soberanía ucraniana requiere que sus ciudadanos conserven la posibilidad de decidir su futuro. Un acuerdo negociado por otros, a costa de esa capacidad, puede ofrecer una fotografía de paz y dejar intacta la lógica de dominación.
A veces hablamos de geopolítica con una limpieza que me inquieta. Decimos «zona de influencia» y desaparece la voluntad de quienes habitan esa zona. Decimos «interés estratégico» y parece que el sufrimiento adquiere una justificación administrativa. Quiero conservar la capacidad de entender esos cálculos sin acostumbrarme a su violencia porque ahí también hay una responsabilidad ciudadana.
Por eso, cuando digo que ha llegado la hora de los pragmáticos, pienso en dirigentes capaces de reconocer una amenaza y responder con instrumentos adecuados: reducir dependencias, proteger infraestructuras, coordinar presión económica, reforzar capacidades defensivas y mantener abiertos canales de negociación. Cada herramienta tiene consecuencias. Las sanciones pueden dañar a poblaciones; el rearme puede alimentar una escalada. Gobernar exige prever esos efectos y corregir el rumbo.
La firmeza necesita objetivos claros y límites. Necesita saber qué conducta pretende impedir, qué acuerdo está dispuesta a aceptar y cómo evitará que una demostración de fuerza termine produciendo la catástrofe que decía prevenir. También necesita control democrático. La urgencia de protegernos jamás debería conceder a un gobierno permiso indefinido para actuar sin rendir cuentas.
Y necesita coherencia. Resulta difícil pedirle al mundo que confíe en nuestras reglas cuando nuestra indignación cambia según la bandera de quien las vulnera. La credibilidad se desgasta con cada excepción conveniente. Luego nos sorprende que otros países escuchen nuestras apelaciones a los valores como quien escucha una oferta comercial: buscando la condición que hemos dejado en letra pequeña.
Hay algo íntimo en todo esto, aunque los Estados tengan responsabilidades y recursos distintos de los nuestros. Muchas personas conocen el agotamiento de intentar conservar la armonía mientras alguien aprovecha esa disposición para avanzar un poco más y llega un momento en que cuidar el vínculo exige expresar un límite y estar dispuesto a sostenerlo.
En política internacional, sostener ese límite puede resultar extraordinariamente costoso. Precisamente por eso necesitamos dirigentes capaces de explicar los sacrificios, distribuirlos con justicia y someter sus decisiones al escrutinio público.